Rechazo unánime de los líderes religiosos
El Comité Interreligioso de Panamá (COIPA), el Comité Ecuménico de Panamá (COEPA) y la Conferencia Episcopal Panameña (CEP) emitieron un pronunciamiento conjunto en el que rechazan la demolición del monumento que conmemoraba los 150 años de presencia de la comunidad china en el país. Las organizaciones exigieron que la estructura sea restituida en el mismo lugar, como gesto mínimo de reparación frente a lo que consideran una ofensa grave.
Para estos líderes religiosos, la destrucción del monumento no es un hecho aislado ni meramente administrativo, sino una acción con profundas implicaciones simbólicas que afecta a toda la sociedad panameña. Desde su perspectiva, se ha vulnerado un espacio de memoria que honra a una comunidad clave en la construcción histórica del país.
“Agravio a la memoria histórica” y a la identidad del país
En el comunicado, las organizaciones califican la demolición como un “agravio a la memoria histórica y un menosprecio a uno de los componentes de la identidad nacional”. Recuerdan que el monumento reconocía el aporte de la comunidad china al desarrollo de Panamá, en ámbitos económicos, sociales y culturales, a lo largo de generaciones.
El texto enfatiza que Panamá se ha construido desde la diversidad, integrando a múltiples comunidades de origen distinto, por lo que atacar un símbolo de reconocimiento a uno de esos grupos va en contra de la propia idea de nación. Según el pronunciamiento, la agresión contra el monumento termina siendo una agresión contra el carácter plural y mestizo de la memoria panameña.
Solidaridad con la comunidad chino‑panameña
Las comunidades de fe expresan de forma explícita su solidaridad con la comunidad chino‑panameña, subrayando que el monumento derribado representaba un reconocimiento legítimo a su presencia y a sus aportes históricos. Para los firmantes, el daño no es solo material, sino también moral, pues envía un mensaje de menosprecio a una colectividad que ha estado entrelazada con la vida del país por más de un siglo.
El pronunciamiento insiste en que la convivencia pacífica y el respeto mutuo entre comunidades requieren cuidar y preservar estos símbolos, que funcionan como puentes entre memorias y generaciones. En ese sentido, la demolición se percibe como un retroceso en los esfuerzos de integración y reconocimiento de las minorías.
Exigencia de restitución en su ubicación original
Los líderes religiosos no solo condenan el hecho, sino que plantean una demanda concreta: que el monumento sea reconstruido y restituido en su ubicación original. Consideran que devolverlo al mismo sitio donde se encontraba constituye un acto de justicia y de respeto a la memoria colectiva, más allá de cualquier reparación simbólica futura.
El llamado está dirigido a las autoridades competentes, a las que se insta a actuar con celeridad y responsabilidad, reconociendo la gravedad del agravio cometido. Para las organizaciones firmantes, esta respuesta institucional sería una señal clara de compromiso con la diversidad y la dignidad de todas las comunidades que forman parte de la nación panameña.
Quiénes firman el pronunciamiento
El documento, fechado el 28 de diciembre de 2025, lleva la firma de figuras representativas de distintas tradiciones religiosas del país. Entre ellos se encuentran monseñor José Domingo Ulloa, presidente de la Conferencia Episcopal Panameña; el protopresbítero Alejandro Chedy, presidente del Comité Ecuménico de Panamá; y el rabino Gustavo Kraselnik, presidente del Comité Interreligioso de Panamá.
La firma conjunta de líderes católicos, cristianos y judíos otorga al pronunciamiento un peso especial, al mostrar un frente interreligioso unificado en defensa de la memoria histórica y de la comunidad china‑panameña. Este gesto subraya que la polémica por la demolición del monumento trasciende lo político y se sitúa en el terreno ético y moral.
